Las investigaciones por parte de la Asamblea Nacional de los casos de los peñeros entre Güiria y Trinidad y Tobago, comenzaron. La comisión especial designada a investigar el naufragio del peñero Jhonnalys José y la desaparición del bote Ana María, denunció que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en una red de trata de personas.
El diputado Robert Alcalá señaló que la Capitanía de Puerto da la autorización para que zarpen las embarcaciones y esto es ilegal, pues la Ley de Comercio Marítimo prohíbe el uso de embarcaciones pesqueras para el transporte de personas. “Hay un hecho grave de corrupción, pagan 550 dólares por obtener un zarpe legal”.
El primer caso fue del peñero Jhonnalys José. Naufragó la noche del martes 23 de abril, luego de partir de Güiria. Iban 38 personas a bordo y de acuerdo con el diputado, en una embarcación de pesca la tripulación no debe exceder de 8 a 10 pasajeros. Dos días después las autoridades rescataron a 9 sobrevivientes y recuperaron el cadáver de una adolescente de 16 años.
Testigos aseguraron a distintos medios de comunicación, que otros peñeros desconocidos estuvieron presentes durante el naufragio, por lo que se presume que rescataron a otras personas.
Posteriormente, el 16 de mayo, desapareció el bote Ana María con 32 personas a bordo. El capitán, Alberto Abreu, fue rescatado mientras nadaba a 20 millas de la costa de Trinidad. Lo llevaron a un hospital en Granada, pero se fugó luego de que se conociera que tenía prontuario por trata de personas. Se registró en el centro médico bajo otro nombre.
Por Jhonnalys José se desconoce el paradero de 28 personas, mientras que por Ana María son 32.
Se conoció a través del Ministerio Público que seis mujeres y tres hombres fueron privados de libertad, vinculados al tráfico de personas entre Güiria y Trinidad. Les asignaron como sitio de reclusión la Estación de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana en Güiria.
El Problema
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas en promedio 7.083 personas por día salieron de Venezuela en 2018.
La ONG Éxodo estableció algunos factores de riesgo sobre las mujeres venezolanas que emigran. Afirmaron que en contextos de movilizaciones masivas con escasas fuentes de apoyo, se potencian los casos de trata de personas. Las mujeres, adolescentes y niñas son las más buscadas por la redes criminales.
Los riesgos aumentan si viajan solas, no cuentan con la documentación necesaria, tienen hijas o hijos dependientes, pertenecen a un pueblo indígena, han vivido situaciones de violencia sexual o si antes eran explotadas sexualmente.
Los riesgos aumentan si
— Exodo Venezuela, a.c. (@exodoac) May 30, 2019
– Viajan solas
– No cuentan con la documentación necesaria
– Tienen hijas(os) dependientes
– Pertenecen a un pueblo indígena
– Han vivido situaciones de violencia sexual
– Antes era explotadas sexualmente