El Tribunal Supremo de Justicia impuesto por la asamblea constituyente, ha emitido 97 sentencias en contra del poder legislativo venezolano desde diciembre de 2015, fecha en que la oposición ganó la Asamblea Nacional (AN), por primera vez en 17 años de gobierno chavista en Venezuela.
El Observatorio Venezolano de Justicia ha contabilizado y organizado cronológicamente las 97 sentencias del TSJ en contra de la AN en un cuadro bajo los siguientes rubros: su fecha y número, su contenido, el órgano usurpador de su función, el tipo de derecho violado o afectado y el link a la explicación de la decisión del TSJ.
La primera fue en diciembre de 2015, en el mismo mes de la elección de la AN, aun habiendo vacaciones judiciales. Mediante esta decisión, el TSJ en su Sala Electoral suspendió cautelarmente la elección de los diputados del estado Amazonas, quitándoles cuatro diputados a la AN (tres de oposición), lo que hasta ahora ha mantenido (más de tres años) y dio lugar posteriormente a su tesis del desacato de la AN, que es lo que ha impedido a este órgano que sus decisiones tengan fuerza jurídica desde su misma elección.
Entre diciembre de 2015 y 2016 el TSJ dictó 38 sentencias en contra de la AN, porque siguió sesionando y emitiendo actos jurídicos, incluso varias leyes.
Al año siguiente (2017), el TSJ dictó 33 sentencias contra la AN, desconociendo acto por acto emanado del Parlamento. Para el 2018 el TSJ dictó 12 sentencias. Fueron menos que en el año anterior porque al instalarse la constituyente en agosto de 2017, tomó en buena medida el rol del TSJ.
Con la aniquilación de la AN por parte del TSJ queda anulada la soberanía popular y el derecho al voto en Venezuela, que son elementos clave para la existencia de una verdadera democracia.
Además, al actuar según los deseos y órdenes del Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial pierde su razón de ser, ya que no puede fungir como un árbitro imparcial en un conflicto ni puede controlar al poder, que son sus funciones fundamentales, y no legalizar o amparar lo que se hace desde el poder del Estado contra el ciudadano, como lo ha hecho el TSJ, sobre todo, desde diciembre de 2015.
Lo más grave es que sin democracia y sin un Poder Judicial independiente, los venezolanos no tenemos la posibilidad real de exigir el cumplimiento efectivo de nuestros derechos y, por ello, frente a la ineficiencia actual del Gobierno e incluso el abandono por su parte de la función pública, las autoridades no responden ni resuelven; es más, sólo nos amedrentan y con el aval del sistema de justicia, advierte Acceso a la Justicia.
Hechos de 2019
Diosdado Cabello, presidente de la constituyente, ordenó retirarle la inmunidad parlamentaria el pasado martes a los diputados Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia y Richard Blanco.
A esa lista de parlamentarios se les sumaron los nombres de Miguel Pizarro, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Franco Casella, Carlos Paparoni y Winston Flores.
A todos estos parlamentarios el TSJ les acusó de participar en un «golpe de Estado» el pasado 30 de abril, cuando un grupo de militares abandonaron a Maduro y se pusieron a la orden del presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.