El pasado martes 21 de abril, un día antes de la celebración del Día de la Tierra, la Asamblea Nacional realizó su quinta sesión ordinaria virtual. La plenaria de mayoría opositora declaró la nulidad absoluta de la resolución 0010, dictada el pasado 7 de abril por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que permite la explotación y extracción minera en la cuenca de los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuriari y Cuyuní, ubicados en el parque nacional Canaima.
Esta resolución se publicó en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526 publicada el miércoles 8 de abril, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) puede ejecutar actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en el Arco Minero del Orinoco.
Los participantes en la sesión acordaron oficiar a la Organización de las Naciones Unidas, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al Grupo de Lima, la Comunidad Europea y el Tratado de París sobre Cambio Climático, para alertar «la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro representa para los bienes naturales de la humanidad (entre ellos el parque nacional Canaima), los pueblos ancestrales y la seguridad de los connacionales».
Además del riesgo de ecocidio en Canaima, advierten que los permisos para explotación de las referidas cuencas fluviales amenaza con convertir en desiertos «vastas zonas de territorio venezolano que afectarán ineludiblemente al Amazonas, el clima y la vida en la región».
Por su parte, la Gaceta Oficial indica que todo esto es con el objetivo de «estimular las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país y el aprovechamiento de los recursos naturales».
Además, resaltan que toda actividad minera se debe realizar bajo el principio de desarrollo sustentable, conservando la diversidad ambiental y respetando a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas.
«El régimen busca intensificar la actividad minera y la contaminación del Amazonía, con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires. El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas», declaró la diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la comisión.
Hernández agregó que este convenio es de suma importancia para la nación porque regula el comercio y el uso del mercurio, metal pesado que se usa en la actividad aurífera.
El acuerdo de la AN contempla la apertura de una investigación contra el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto; el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, Carlos Osorio; y la viceministra de Exploración e Inversión Minera, Magaly Enríquez.