La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, un informe oral sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela.
La alta funcionaria expresó su preocupación por la actualidad que vive el país, en su opinión toda la crisis representa un factor desestabilizador en la región. Un equipo técnico de su oficina se encuentra en terreno venezolano, intercambiando información con representantes del estado, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. El reciente apagón que afectó a todo el país ha agravado la situación. Este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país”, comentó.
La precariedad en los servicios de agua, gas doméstico y el colapso del transporte público son condiciones que afectan a un gran número de personas, a este escenario se suma la hiperinflación conformando así un proceso insostenible para los venezolanos que ha desencadenado rumerosas protestas.
“El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna e infantil. Más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado”, agregó.
Libertad de expresión
Según el Instituto de Prensa y Sociedad, en 2019 se han contabilizado 155 casos de violaciones a la libertad de expresión, este número supera a los 124 casos de los primeros 6 meses en 2018.
Este punto también formó parte de las preocupaciones de Michelle Bachelet. “Me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes”.
La Alta Comisionada exhortó a las autoridades a tomar medidas para demostrar el compromiso real para la resolución de los numerosos problemas que enfrenta Venezuela.